Retrato realizado por
Lowon escrito por
Rafael Narbona.
PABLO HASÉL Y
LEOPOLDO MARÍA PANERO
Siempre he pensado que el Valle de los
Caídos es la forma más obscena de apología del terrorismo, pues justifica y
exalta un genocidio, humillando a sus incontables víctimas. Sin embargo, la
putrefacta Audiencia Nacional nunca se ha pronunciado al respecto.
Indudablemente porque es la prolongación del Tribunal de Orden Público y porque
mantiene una estrecha complicidad con las torturas infligidas por la Guardia
Civil durante el régimen de incomunicación, una pirueta legal concebida para
amparar el secuestro y formas de violencia tan abyectas como la bolsa, las
vejaciones sexuales, los simulacros de ejecución, los golpes o la privación de
sueño. Afortunadamente, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha
condenado varias veces al Estado español por no investigar suficientemente las
denuncias de torturas y malos tratos. El caso más conocido es el de Martxelo
Otamendi, director de Egunkaria. Los
agentes que le interrogaron se lo dejaron muy claro desde el principio: “Esto
es la Guardia Civil. Olvídate de tus derechos”. Era el año 2003. Casi una
década después no habían cambiado mucho las cosas. Naciones Unidas consideró
“creíble y consistente” el testimonio de Beatriz Extebarria, violada anal y
vaginalmente en la Dirección General de la Guardia Civil en 2011. También
dictaminó que en 1996 María Atxabal y su hija habían sido torturadas en
calabozos contiguos para que ambas escucharan los gritos. Las torturas no son
incidentales, sino sistemáticas. La Audiencia Nacional no mira hacia otro lado,
sino que tolera y promueve estos hechos. El prestigioso forense Francisco
Etxeberria no ha dudado en calificar a los jueces de “cómplices y
encubridores”.
El pasado 5 de marzo murió Leopoldo María Panero,
poeta maldito e intempestivo. Recuerdo algunas de sus declaraciones: “ETA es la
única y verdadera oposición que hay contra el gobierno” [...] “Yo
soy un gran defensor de la lucha de ETA. Los de ETA son los hombres más
valientes y honorables de toda España. Los de ETA no son asesinos. […] Los
asesinos son los otros. Los de ETA son ateos y por eso están más cerca de la
verdad”. ¿Por qué no se procesó a Leopoldo María Panero? ¿Tal vez porque se le
consideró inimputable a causa de sus brotes psicóticos? ¿O porque se
sobreentiende que los poetas no son dignos de ser tomados en serio? A pesar de
sus delirios, Leopoldo María Panero era una mente preclara, incisiva, honesta y
demoledora. ¿Por qué se juzga ahora a Pablo Hasél por manifestar opiniones
parecidas? Yo no soy uno de sus admiradores. No siento ningún aprecio por Stalin
ni pienso que haya que taladrar el cráneo de los trotskistas con un piolet. Sin
embargo, no creo que sus canciones constituyan enaltecimiento del terrorismo,
sino una legítima expresión de rabia -tal vez algo infantil- en una época donde
la pobreza, el desempleo, la malnutrición, los desahucios, la violencia
policial y la corrupción política y empresarial se han convertido en algo
rutinario y sistemático. Desde 2008, los más débiles y vulnerables sufren los
estragos de las políticas de austeridad impuestas por la Troika. Los bancos han
provocado una pavorosa crisis con sus maniobras especulativas y han socializado
sus pérdidas, disparando la deuda pública y comprometiendo el porvenir de una
sociedad que ya no puede protestar, sin ser apaleada, multada o encausada. Las
Fuerzas de Seguridad del Estado aprovechan la presunción de veracidad para
acusar falsamente a los activistas sociales de atentado y resistencia contra la
autoridad. Las imágenes que muestran su brutalidad inundan las redes sociales y
los sitios web, cuestionando el carácter democrático del Estado español y la
versión de los agentes.
El Partido Popular ha emprendido la
reforma del Código Penal y ha elaborado una nueva Ley de Seguridad Ciudadana
para criminalizar las protestas sociales y amordazar a los descontentos. No me
parece una exageración hablar de un macartismo a la española, donde la “caza de
brujas” se orienta fundamentalmente a los activistas sociales, pues la mayoría
de los intelectuales y artistas han preferido alinearse con el poder,
hambrientos de premios y honores oficiales. Sería una ingenuidad creer que un
triunfo electoral del PSOE, pionero de las políticas neoliberales, cambiaría
esa tendencia. Desgraciadamente, lzquierda Unida y los grandes sindicatos (CCOO
y UGT) han chapoteado en la misma ciénaga, privatizando servicios o enredándose
en tramas de corrupción, sin excluir una actitud de boicot contra los
movimientos sociales. Ante un paisaje tan desolador, resulta comprensible que
Pablo Hasél o Alba González Camacho, una adolescente de 21 años, con 5.000
seguidores en Twitter, formulen frases lapidarias exigiendo la guillotina para
los Borbones o Mariano Rajoy. Contemplar a los ilustrísimos magistrados de la
Audiencia Nacional juzgando a Pablo Hasél o Alba González produce una
repugnancia infinita. Me pregunto si han leído Luces de
bohemia, la genial obra de Ramón María del Valle-Inclán, que pide la
instalación de una guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. En esa cumbre del
teatro español, que durante mucho tiempo fue lectura obligatoria en el antiguo
COU, los modernistas con chalina y una palidez byroniana gritaban una y otra
vez “¡Muera Maura!” y Max Estrella, indiscutible autorretrato de Valle-Inclán,
celebraba el asesinato de los patronos en la Cataluña del inmundo Martínez
Anido. De hecho, un preso anarquista que sueña con incendiar Barcelona adquiere
el perfil de un héroe trágico, un moderno Prometeo que intenta liberarse de sus
cadenas con ira y dinamita. La ley de fugas frustrará su anhelo de libertad,
convirtiéndole en una víctima más del terrorismo de Estado. Pablo Hasél y Alba
González son acusados de enaltecimiento del terrorismo, pero Rodolfo Martín
Villa, José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, o el ex capitán de
la Guardia Civil y golpista Jesús Muñecas son protegidos por la ley, pese a ser
responsables de crímenes contra la humanidad y, en algunos casos, estar
reclamados por la justicia argentina, de acuerdo con el principio de
jurisdicción universal.
El Partido Popular ha reformado la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ) para frenar los procesos contra asesinos y genocidas,
enterrando casos como el de José Couso, Carmelo Soria o Ignacio Ellacuría, tres
ciudadanos españoles asesinados –directa o indirectamente- por Estados Unidos,
una potencia que explota su fuerza militar y económica para organizar golpes de
estado (Guatemala, Chile, Argentina, República de Congo), diezmar a la
población civil (Corea, Vietnam, Irak, Afganistán) o desestabilizar naciones
(Siria, Libia, Venezuela, Ucrania). Al mismo tiempo, Eduardo Torres Dulce,
Fiscal General del Estado, ha ordenado retirar un recurso en el Tribunal
Constitucional para impedir la investigación de los crímenes de la dictadura
franquista. No son hechos aislados, sino piezas de una ambiciosa estrategia
para controlar la justicia y boicotear cualquier causa a favor de los derechos
humanos. En la misma línea, Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, ha
concentrado en un solo juez un poder descomunal. Carlos Lemes se ha convertido
simultáneamente en Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial. Sus propios compañeros le han acusado de “autoritario, alevoso
e iluminado”. En cambio, los jueces que intentan preservar su independencia
sufren mezquinas represalias. Es el caso del magistrado Elpidio José
Silva, sancionado por instruir el caso Blesa e investigar su relación con la
trama Gürtel. El brillante magistrado se atrevió a enviar a prisión a Miguel
Blesa, ex presidente de Caja Madrid. Blesa intercambió correos electrónicos con
José María Aznar y Esperanza Aguirre, ejerciendo de intermediario del ex
presidente para negociar con una empresa armamentística la venta de contratos
en Libia, Argelia y Rusia. Baltasar Garzón, que no es santo de mi devoción,
pretendió juzgar por crímenes contra la humanidad a los generales del
franquismo, pero su iniciativa le costó el puesto en la Audiencia Nacional,
donde se había mostrado tan implacable como Marlaska, prolongando los períodos
de incomunicación para que la Guardia Civil pudiera torturar con impunidad a
los acusados de terrorismo.
Pablo Hasél y Alba González han acabado en el
banquillo, pero no creo que le suceda lo mismo a José Utrera Molina, ex
ministro del franquismo, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón y uno de los
firmantes de la sentencia de muerte contra el joven anarquista Salvador Puig
Antich. Utrera Molina nunca ha ocultado su pasión fascista. “El Alzamiento
–escribió recientemente- no fue un intento de liquidar al oponente sino una
necesidad de defender a la patria y a la fe. […] El propósito del Movimiento
Nacional no fue otro que rescatar a España del riesgo cierto de caer en manos
del comunismo libertario que amenazaba con aniquilar el alma milenaria y
cristiana de España”. La defensa de la patria y de su alma cristiana y milenaria
incluyó un genocidio que al menos causó 200.000 víctimas. Gabriel Jackson
duplica la cifra, pero cierto revisionismo histórico intenta reducir el número
de asesinados, si bien nadie puede negar que la existencia de 2.000 fosas
clandestinas con los restos de 114.000 hombres y mujeres. Solo Camboya nos
supera en número de desaparecidos.
Imagino que condenarán a Pablo Hasél, pues la Audiencia Nacional quiere dar un
escarmiento e intimidar a los internautas. Ante tamaña injusticia acuden a mi
mente las palabras de Leopoldo María Panero: “Me cago en Dios y en la Virgen”.
Algunos dirán que no vienen al caso, pero yo creo que sí, pues en la Audiencia
Nacional aún se respira el hedor del nacionalcatolicismo y la cruz del Valle de
los Caídos sigue proyectando su sombra espectral sobre un país con unos jueces
serviles y desalmados.
En el caso de este bendito y maltratado país, coincidiendo con la inminente muerte y ascensión a los cielos del expresidente Adolfo Suárez, se empiezan a reventar las heridas mal cerradas de la guerra civil y la transición y, cual pus, se va derramando la fea verdad: el asqueroso y malévolo imperio americano nos echó las garras y mantiene bien apretado nuestro corazoncito de habitantes del país de los conejos y las serpientes.
En Alemania empieza a pasar otro tanto de lo mismo. Los revisionistas de la Segunda Guerra Mundial llegan a unas conclusiones diferentes a las del aparato propagandístico norteamericano. En ningún momento niegan que en la Alemania nazional-socialista se cometieron tremendos crímenes contra la humanidad, pero también tienen ojos para los crímenes de los otros bandos combatientes: el ruso y el aliado. Este último apartado, el de los crímenes de guerra del bando aliado, está documentado entre otros por el escritor canadiense James Bacque. En el libro Other Losses, Bacque, cuenta el holocausto oculto del ejército norteamericano en la Alemania de la posguerra.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
